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Diputado Diego Garrido procura la autonomía de las mujeres.


El Congreso aprobó hasta cinco años de prisión en contra de los concubinos que vendan o transfieran bienes patrimoniales sin previa autorización de su pareja, delito conocido como fraude familiar que fue añadido ayer al Código Penal capitalino.


"A quién en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días la Unidad de Medida y Actualización", se lee Artículo 232 Bis.


Aunque el dictamen fue avalado, hubo renuencia por parte de la Oposición, pues alegaron que tipificar el fraude familiar es un retroceso.


Diego Garrido, de Acción Nacional, advirtió que la reforma es una "aberración jurídica" y una "ocurrencia" que provocará que, en particular, las mujeres tengan que pedir permiso a sus parejas para vender o transferir alguno de sus bienes.


En tanto, el diputado morenista Norberto Nazario, promovente de la iniciativa, explicó que el delito ya está tipificado en el Artículo 390 Bis del Código Penal Federal, por lo que el dictamen es una armonización del marco federal con el local.


"No solo no debería existir en el Código local penal: no debería existir ni siquiera a nivel federal(...) presentemos una iniciativa en el Congreso de la Unión para anular esta disposición retrógrada", dijo el panista Ricardo Rubio.

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